| Rosa Rivera, representante del Comité de sobrevivientes de la masacre del río Sumpul, y Ana Deisy García, del Centro Bartolomé de las Casas. Foto Diario Co Latino/Rodrigo Sura. |
Redacción Diario Co Latino
Las esperanzas de darle sepultura a las víctimas de las masacres, ocurridas en las cercanías del río Sumpul, están por concretarse. La próxima semana, Medicina Legal iniciará las exhumaciones.
“Siento que es como un sueño, es volver a entrar a los momentos que nos dañaron, pero a la vez, nos sentimos felices, pues cuando muera sabré que mis familiares no quedaron en el olvido y tendrán un lugar digno”, expresó Rosa Rivera Rivera, familiar de más de una docena de víctimas.
El 14 de mayo de 1980, un contingente del Destacamento Militar N° 1, de la Guardia Nacional, y de la paramilitar Organización Democrática Nacional, asesinaron a más de 300 personas no combatientes.
Al oír las balas y los gritos de ese entonces, mujeres y niños intentaron cruzar el río Sumpul, en Chalatenango, con el objetivo de refugiarse en tierras hondureñas. Sin embargo, muchos fueron asesinados en el intento.
Las masacres tuvieron secuencia en otros pueblos cercanos al río Sumpul, donde se torturó y asesinó indiscriminadamente.
A casi treinta años de tal fatídico hecho y luego de los Acuerdos de Paz firmados en 1992, los familiares de las víctimas piden justicia y la reparación por parte del Estado.
“La idea la tenemos desde recién pasado el conflicto armado, pero no habíamos tenido la oportunidad, ahora con el apoyo del Centro Bartolomé de Las Casas y el IDHUCA tenemos el sueño hecho realidad”, manifestó Rivera, también representante del Comité de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos de Arcatao.
Las exhumaciones se realizarán en los cantones El Sitio y Cerro Grande, así como en el caserío Los Dubones, esto a partir del 18 de este mes hasta el 22. En ese periodo se conocerá cuántas personas fueran enterradas en las fosa comunes y la identidad de éstas.
Según el abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Henry Fino, este es el inicio de un anticipo de prueba, para luego identificar a los responsables de las masacres.
“Nosotros presentamos una denuncia en la Fiscalía de Chalatenango el año pasado, por el asesinato de 8 personas, entre el 12 y el 19 de mayo de 1980, y el fiscal encargado del caso tiene la obligación de individualizar víctimas, hechos delictivos y responsables”, explicó Fino.
A pesar de los avances en el proceso judicial, la representante del Centro Bartolomé de Las Casas, Ana Daisy García, considera que la “justicia todavía cojea”.
“El trabajo que ahora estamos realizando no es a iniciativa de los Órganos del Estado, sino, por las víctimas mismas de la población civil, por lo que la justicia tiene todavía mucho que recorrer”, expresó García.
El abogado del IDHUCA también considera que la institucionalidad se pondrá aprueba cuando se determine los altos jefes militares que anduvieron operando en la zona o desde el Estado Mayor.
“Ahí veremos que tanta voluntad hay para hacer justicia y repararla”, dijo.
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